Bogotá, D.C., June 5, 2026
We, the Indigenous and Black women of the Ethnic Commission for Peace and the Defense of Territorial Rights, as guardians of ancestral territories, peacebuilders, and survivors of centuries of colonization and resistance, address the national and international public to express our position regarding recent events that compromise the integrity of the Colombian electoral process.
On June 2, 2026, U.S. President Donald Trump publicly announced his support for a Colombian presidential candidate less than three weeks before the runoff election. In that statement, he outlined the political agenda he expected the candidate to implement and disparaged the other candidate. This act is neither diplomacy nor an expression of friendship between nations: it is a direct and deliberate interference in the democracy of a sovereign people, in contradiction to the principle of non-intervention and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations (UN) and in the Charter of the Organization of American States (OAS), one of the fundamental pillars of international law and coexistence among states.
We are explicit on the following point: this statement does not favor any Colombian candidate or any political force. What we defend is something deeper than any candidacy. We defend the right of every Colombian woman and every Colombian man to vote with full freedom and without external pressure. When a foreign power interferes in an election, it not only distorts public debate: it weakens institutional trust, polarizes society, and opens the door for results to be questioned or exploited.
Our peoples have resisted for centuries the imposition of external powers that sought to define our destinies, our lands, and our ways of life. We know, from our own lived history, what it means for an external force to intervene in a people’s self-determination. We carry that memory in our history and in the territories we have defended with our bodies and our voices. We cannot, therefore, remain silent in the face of interference that repeats that logic in new forms.
Colombian democracy, with all its tensions and historical debts to ethnic peoples, is a sovereign process. Making bilateral relations between two countries contingent on the results of a presidential election is not an act of cooperation: it is unacceptable pressure on the will of the people.
For all these reasons, we issue a respectful call:
- To the Government of the United States, to honor the principles of international law to which its own country has subscribed, and to remember that mutual respect among nations is not optional.
- To the international community and multilateral organizations, to closely monitor what is happening in Colombia and to reaffirm, in a clear voice, the principle of non-intervention as a minimum condition for respect among nations.
- To the candidates and their teams, to publicly reject any form of external interference in the election results, regardless of its origin or intention.
- To the Colombian people, to understand that sovereignty is not an abstract concept: it is the collective right to determine one’s own course without any foreign power tipping the scales.
We speak from the principles that have sustained our historic struggles: the self-determination of peoples, the dignity of communities, and the inalienable right to decide one’s own future.
Colombia decides. We decide.
Women’s Process of the Ethnic Commission for Peace and the Defense of Territorial Rights
Nosotras, las mujeres indígenas y negras de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, como guardianas de los territorios ancestrales, constructoras de paz y sobrevivientes de siglos de colonización y resistencia, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para expresar nuestra postura frente a los recientes eventos que comprometen la integridad del proceso electoral colombiano.
El 2 de junio de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente su apoyo a un candidato presidencial colombiano a menos de tres semanas de la segunda vuelta electoral. En dicha declaración, delineó la agenda política que esperaba que el candidato implementara y descalificó al otro candidato. Este acto no es diplomacia ni una expresión de amistad entre naciones: es una interferencia directa y deliberada en la democracia de un pueblo soberano, en contradicción con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), uno de los pilares fundamentales del derecho internacional y la convivencia entre estados.
Somos explícitas en el siguiente punto: esta declaración no favorece a ningún candidato ni a ninguna fuerza política colombiana. Lo que defendemos es algo más profundo que cualquier candidatura. Defendemos el derecho de cada mujer y cada hombre colombiano a votar con plena libertad y sin presiones externas. Cuando una potencia extranjera interfiere en una elección, no solo distorsiona el debate público: debilita la confianza institucional, polariza a la sociedad y abre la puerta para que los resultados sean cuestionados o explotados.
Nuestros pueblos han resistido durante siglos la imposición de poderes externos que buscaban definir nuestros destinos, nuestras tierras y nuestras formas de vida. Sabemos, por nuestra propia historia vivida, lo que significa que una fuerza externa intervenga en la autodeterminación de un pueblo. Llevamos esa memoria en nuestra historia y en los territorios que hemos defendido con nuestros cuerpos y nuestras voces. No podemos, por tanto, permanecer en silencio ante una interferencia que repite esa lógica bajo nuevas formas.
La democracia colombiana, con todas sus tensiones y deudas históricas con los pueblos étnicos, es un proceso soberano. Condicionar las relaciones bilaterales entre dos países a los resultados de una elección presidencial no es un acto de cooperación: es una presión inaceptable sobre la voluntad popular.
Por todas estas razones, hacemos un llamado respetuoso:
- Al Gobierno de los Estados Unidos, a honrar los principios del derecho internacional a los que su propio país se ha suscrito, y a recordar que el respeto mutuo entre las naciones no es opcional.
- A la comunidad internacional y a las organizaciones multilaterales, a monitorear de cerca lo que sucede en Colombia y a reafirmar, con voz clara, el principio de no intervención como condición mínima de respeto entre naciones.
- A los candidatos y sus equipos, a rechazar públicamente cualquier forma de interferencia externa en los resultados electorales, independientemente de su origen o intención.
- Al pueblo colombiano, a comprender que la soberanía no es un concepto abstracto: es el derecho colectivo a determinar el propio rumbo sin que ninguna potencia extranjera incline la balanza. Ese derecho nos costó demasiado como para renunciar a él en silencio.
Hablamos desde los principios que han sostenido nuestras luchas históricas: la autodeterminación de los pueblos, la dignidad de las comunidades y el derecho inalienable a decidir nuestro propio futuro.
Colombia decide. Nosotras decidimos.
Proceso de Mujeres de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales